| Termoeléctricas en Penco:
Intereses de la burguesía compradora y el imperialismo
Durante el pasado mes de agosto los vecinos de Penco se movilizaron contra la construcción de una planta termoeléctrica por parte de la empresa Southern Cross en Playa Negra en la VIII región. La protesta fue convocada por el Comité de Allegados de Penco Lirquén pues reclaman que sus casas, prometidas por el gobierno, están atrasadas en su construcción a causa de la termoeléctrica que se construiría en un terreno aledaño.
El 7 de abril de este año, la Unión Comunal de Penco realizó una asamblea general donde los dirigentes de las 45 juntas de vecinos se opusieron a la construcción de nuevas termoeléctricas. Los argumentos para el rechazo se centraron en los daños ambientales, daños a la actividad turística y el empleo temporal que ofrecerá.
Southern Cross amplía su presencia en el país
 Southern Cross, quién pretende construir esta nueva planta termoeléctrica en Penco, es una empresa intermediaria que invierte grandes capitales monopolistas imperialistas o de las burguesías nacionales a través de “fondos de inversión”. Los principales propietarios de estos “fondos de inversión” son los capitales monopolistas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Decimos que son capitales monopolistas pues las cinco Administradoras que funcionan en nuestro país pertenecen a capitales monopólicos: AFP Provida es controlada por el banco BBVA de capitales españoles; AFP capital por el grupo ING de capitales holandeses; AFP Hábitat es controlada por la Cámara Chilena de la Construcción y AFP Cuprum por el Grupo Penta. Sólo cuatro empresas monopólicas ligadas al imperialismo europeo y a la burguesía compradora nacional, controlan el 96.5% del mercado a julio del 2009 y forman parte de los denominados “fondos de inversión” con los que opera Southern Cross en la región. En Latinoamérica ha realizado inversiones cuantiosas en México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Las utilidades obtenidas en cada uno de estos países son repartidas según su aporte a dichos “fondos de inversión”.
En la actualidad Southern Cross participa en Campanario generación, controladora de gas licuado Gasco. Anteriormente fueron dueños de Esbio, Chilesat (actual Telmex), Prosegur, Construmart y La Polar. Esta última empresa fue la más multada por la inspección del trabajo el año 2003, cuando era administrada por dicho “fondo de inversión” por violar reiteradamente los derechos de los trabajadores.
Southern Cross cuenta con el apoyo de la consultora South World Consulting, ligada Rodrigo Danús, ex gerente de Endesa, y al economista Paul Fontaine. Este último fue gerente de Enersis y Telefónica y actualmente se desempeña como jefe económico de la campaña presidencial del reaccionario Marco Enríquez-Ominami. Fontaine es además hijo del denominado “tercer chicago boys” que en la década de los 80’ diseñaron las políticas pro-norteamericanas del gobierno de la junta militar fascista.
Los intereses de Southern Cross en el sector eléctrico son diversos. Participa en Gas Atacama (segunda empresa generadora del SING), en la central termoeléctrica Campanario (VIII región) y la central termoeléctrica Ventanas (Valparaíso). Con este proyecto en la VIII región esperan convertirse en la tercera empresa del sector eléctrico detrás de Colbún y Endesa, otras empresas monopólicas del sector eléctrico.
Los proyectos que pretenden instalar en las comunas de Penco y Coronel implicarían unos 700 MW de capacidad instalada cada uno, con generación a carbón. Esos 1.400 MW se suman a la termoeléctrica Campanario que ya tienen en operación y a otras iniciativas con carbón que Southern Cross se encuentra desarrollando en el norte del país como RC Generación con una capacidad de 700 MW y la Termoeléctrica Pacífico ubicada a 64 kilómetros al sur de Iquique consistente en dos unidades de 175 MW. Ambos proyectos se encuentran a la espera de aprobación por parte de las autoridades del viejo Estado.
El capital monopolista en el negocio de la energía
La ampliación de la matriz energética es condición fundamental para sustentar el desarrollo económico. De ahí el interés de los sectores monopolistas nacionales y extranjeros por apropiarse del negocio de la generación.
De hecho sólo el año 2002, el capital imperialista en Chile entrando en forma de Inversión Extranjera Directa (IED) representó el 55% del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho capital expoliador se centró en servicios como electricidad, gas y agua potable (27%) y minería (24%). Dentro de los países imperialistas con mayor presencia nacional se encontraban el año 2002 España (30%) y Estados Unidos (25%).
Como hemos analizado, el capital imperialista ha entrado al sector energético de nuestro país directamente a través de empresas monopolistas extranjeras o como socios de la burguesía compradora. En algunos casos este saqueo se da en forma de participación en las empresas de la burguesía compradora (por ejemplo las AFP) o como acuerdos de cooperación como la sociedad Colbún-Endesa para desarrollar el proyecto Hidroaysén.
Estos capitales monopolistas imperialistas, enlazados por cientos de hilos con la burguesía compradora, han llevado adelante profundos procesos de concentración del mercado eléctrico. De hecho sólo tres empresas concentran el 83% de la generación eléctrica: Endesa, Colbún y AESgener. Esta última controlada por capitales norteamericanos.
 Los monopolios energéticos en la VIII región
La imperialista Endesa mantiene actualmente operativa la central Bocamina I con una capacidad de generación de 128 MW. En construcción se encuentra Bocamina II que aportará 350 MW adicionales a la empresa controlada por la española Enersis (60%) y que posee participación de las AFP -también de capitales monopólicos- en un 21%.
Por su parte Arauco Generación, controlada por Copec del grupo Angelini (miembro de la burguesía compradora o denominada también burguesía monopolista no estatal), mantiene operativa la Central Termoeléctrica Arauco con una capacidad de 101 MW.
En fase de construcción también se encuentra la Central Santa María de Coronel perteneciente a Colbún controlada por otro clan monopolista, la familia Matte y que aportaría 350 MW de generación. En espera de aprobación se encuentra el Complejo Termoeléctrico Coronel, perteneciente a la misma familia monopólica y cuya capacidad es de 700 MW. Analizando la estructura de propiedad de Colbún notamos que participa en ella la familia Angelini (9,5%) y los capitales monopólicos de las AFP (9,3%), aunque la familia Matte mantiene el 49% de la propiedad.
Por otra parte, para hacernos una idea de la magnitud de los proyectos involucrados en la zona, la suma de todos éstos (3029 MW) representa un tercio de la actual capacidad del Sistema Interconectado Central que abastece desde Tal-Tal a Chiloé. Esto implica satisfacer, por ejemplo, el 81% de la demanda energética actual de la gran industria o el 70% de la demanda energética minera.
El papel del Estado Burgués Terrateniente La facción burocrática de la burguesía monopolista no puede desentenderse de su papel de vende patria y ha facilitado de varias formas la profundización del capitalismo burocrático y la penetración de capitales imperialistas, abriendo de par en par las puertas al saqueo extranjero.
En el sector eléctrico ha impulsado el cambio en los usos de suelos destinándolo a fines industriales a manera de permitir la construcción de los proyectos vinculado a capitales monopolistas. Sus representantes han dado rápida aprobación a los proyectos de impactos ambientales, donde por ejemplo, de los 176 proyectos ingresados para su estudio ambiental entre el 2000 y el 2009, sólo 40 se encuentran aún en calificación.
Los sectores de pobladores afectados han protestado denunciando las facilidades que entrega el viejo Estado al saqueo imperialista, ante lo cual la burguesía burocrática ha debido anunciar pomposas medidas como la posible extensión del biotrén a manera de compensación a los habitantes de coronel, o la exigencia que el pago de patentes de las generadoras eléctricas se realice en los municipios donde se instalen y la obligación a las empresas de contribuir al desarrollo local de las comunas en que se encuentren, mediante el pago por cada megawatts instalado a través de un subsidio otorgado por el Estado. Así por una parte, los municipios ahora recibirían un incentivo monetario para no oponerse a los intereses de los capitales monopólicos, cosa que anteriormente lo hacían gratis; y por otra, con los recursos del pueblo chileno que con el pago del IVA aporta con cerca del 50% del presupuesto fiscal se busca “compensar” los “efectos negativos” del desarrollo del depredador capitalismo burocrático que el Estado Burgués Terrateniente impulsa.
Efectos ambientales y sociales de las centrales termoeléctricas
Uno de los argumentos enunciados para oponerse a este tipo de centrales eléctricas es su evidente efecto contaminante al utilizar la combustión como método de generación. Sin embargo, centrarnos sólo en este aspecto nos impide ver el problema de fondo. Esto porque la tecnología existente en materia de filtros puede eliminar hasta el 99,8% del material particulado e incluso con el desarrollo de dicha tecnología se podría perfectamente en un futuro cercano eliminar las emisiones tóxicas de dichas plantas. Decimos que este no es el tema de fondo pues la introducción de mayor tecnología haría subir los costos de generación y estos mayores costos serían traspasados a los denominados “clientes regulados” que son todos aquellos que, por el tamaño de su consumo, no pueden negociar mejores precios por la energía que consumen. Entre ellos se encuentran todos los hogares chilenos, los pequeños talleres y las pequeñas e incluso algunas medianas empresas. Los únicos que tienen real poder negociador son las grandes empresas y que a su vez tienen propiedad en las generadoras como las Familias Matte, Angelini y Luksic. Cualquier industria de menor tamaño tendrá que aceptar los precios impuestos por los grupos monopólicos porque las empresas distribuidoras (las encargadas de llevar la energía eléctrica hasta nuestros hogares) traspasan los precios de las generadoras a los clientes regulados, para mantener su porcentaje de ganancia, garantizado por la legislación burguesa en un 10% (Ver “Alzas en las cuentas de la electricidad” ND 13, febrero 2008).
Además, la construcción de dichas centrales no implica un desarrollo ni un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la VIII región. El empleo que se pueda generar es sólo temporal, mientras duran las obras de construcción. Luego de dicho plazo el personal necesario para mantener y operar una central de este tipo no supera las 15 personas, en su mayoría profesionales traídos desde otras regiones. Tampoco implica un desarrollo económico de la zona pues el carbón utilizado puede ser importado desde cualquier parte del mundo donde sea más económico y su calidad cumpla con los límites de emisiones permitidos. Algunos manifiestan que el carbón chileno es más caro, de peor calidad y por lo tanto más contaminante.
Estas problemáticas son resultado de la estructura de propiedad que en su mayoría se encuentra en manos del imperialismo y la burguesía monopólica nacional, principales opresores del pueblo chileno junto a los terratenientes quienes obtienen su plusvalía a costa de la explotación del pueblo chileno y la imposición de precios como el de la energía eléctrica, haciendo aún más paupérrimo el salario recibido.
Hoy los pobladores se oponen a estos problemas y se movilizan. Esto en el fondo es oponerse a la penetración del capital imperialista, al desenvolvimiento del capitalismo burocrático.
La central termoeléctrica no es el problema, sino el hecho que bajo la actual estructura de propiedad, ésta no trae beneficios para el pueblo.
La construcción socialista
y la energía
Los megaproyectos energéticos en la VIII región son anunciados pomposamente en cifras de millones de dólares mientras los pobladores sufren la mayor cesantía del país y demandan industrialización y empleo.
Esto es otro ejemplo de cómo las actuales relaciones de producción -donde un puñado de personas controla los medios de producción y de vida de la mayoría de la población- frenan las fuerzas productivas que luchan por desarrollarse. En las ciudades, los pobladores deben soportar cuentas de la luz que pese a rebajas temporales, continúan su tendencia al alza, engrosando las ganancias de los grupos monopólicos. Por su parte, los pequeños talleres y las pequeñas y medianas empresas que logran subsistir deben hacerlo en condiciones mucho más duras. Sin un poder de negociación real, deben aceptar los precios impuestos por los grupos monopólicos eléctricos y que no difieren mucho de lo que pagan los clientes residenciales. Completamente endeudados son devorados por el capital usurero y ven cada más cerca su desaparición a causa de los grupos monopólicos y engrosar con ello las filas de los asalariados. Como de costumbre, los intereses de los grandes burgueses y los del pueblo son opuestos e irreconciliables.
En el campo, la situación no es muy distinta. Sin tierras para trabajar, e incluso sin propiedad sobre los derechos de agua, una enorme masa campesina se está quedando sin medios de producción y de vida a causa del monopolio de la tierra y el agua. Situación que se ve agravada por los altos costos de la energía eléctrica que deben pagar pues para las distribuidoras es “más caro llegar hacia sus hogares”. Sin embargo, estas últimas corren por llevar electricidad a las nuevas faenas mineras. Para los capitales monopolistas no existe lejanía que encarezca los costos de la energía eléctrica. Para los campesinos basta con estar distanciado un par de kilómetros de las líneas de transmisión para hacer casi impagable una cuenta de luz.
Esto son sólo algunos ejemplos como el desenvolvimiento del capitalismo burocrático en nuestro país frena el desarrollo de las fuerzas productivas e impide al pueblo satisfacer sus necesidades básicas.
Para desenvolver libremente la economía y cumplir con las aspiraciones de las amplias masas, el pueblo chileno necesita conquistar el poder por medio de la guerra popular e iniciar, siempre bajo la dirección del proletariado, una etapa democrática que pavimente el camino a la transformación socialista avanzando ininterrumpidamente al comunismo, nuestro programa máximo.
En esta etapa de Nueva Democracia y de construcción socialista, serán confiscadas todas las propiedades de la burguesía monopólica y del imperialismo -incluyendo las empresas eléctricas- que serán de vital importancia para la industrialización de nuestro país. Un país más industrializado capaz de satisfacer las necesidades populares y capaz de defender el poder conquistado a través del desarrollo de la industria de guerra, necesita de una matriz energética fuerte. Por ello, en perspectiva, es beneficioso que sea la burguesía monopólica quién realice estas inversiones, pues hará más fácil la confiscación y habrá camino avanzado en el necesario desarrollo energético nacional.-
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