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Nuevo reimpulso al capitalismo burocrático
Chile en la OCDE
Durante los últimos meses se ha venido publicitando ampliamente la posible inclusión de Chile en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La expectativa de los sectores pro-imperialistas chilenos por incluir a sus representantes en el “grupo de los países desarrollados” es mayúscula. Su chovinismo ha llegado a elevarse incluso a niveles comparables a los años anteriores a la Crisis Asiática cuando, como “jaguares de América Latina”, Chile supuestamente estaba “a un paso de ser un país desarrollado”, igual que en la actualidad.
Pero más allá de estas ilusas promesas demagógicas, la inclusión de Chile en la OCDE coronaría efectivamente el plan señalado por el paladín del entreguismo, Andrés Velasco, respecto a profundizar en Chile la economía de exportación y su condición de “refugio” para la inversión extranjera que, en otras palabras, significa profundizar nuestra condición de semicolonia reimpulsando el capitalismo burocrático (al respecto ver “Recesión y caída de la inversión extranjera” en ND31, agosto 2009).
 Se ha reconocido públicamente que la inclusión de Chile en la OCDE implica la obligación de adoptar los estándares de las economías imperialistas. Para nuestro país, esto significa someterse a los estándares de los grandes monopolios industriales y financieros que facilitan la concentración y centralización de capitales y no, por supuesto, elevar los niveles de salario y servicios públicos a los niveles conquistados por las históricas luchas del proletariado en los países industrializados durante el siglo XX. Las reformas legislativas necesarias para cumplir con estas exigencias ya están prácticamente resueltas y el gobierno vendepatria de Bachelet espera que el trámite esté completo antes de que termine su mandato en marzo próximo.
Alegría entre la gran burguesía chilena
Formalmente, el proceso de acercamiento a la OCDE se inició en 1992 con la visita de Patricio Aylwin a Francia, país sede de la Organización. A fines de 1996 Chile ingresó al Comité de Comercio, comenzando su participación en la OCDE en calidad de miembro observador y desde entonces representantes de las clases monopolistas chilenas han tenido participación en diversas comisiones de trabajo. Con estos antecedentes Chile solicitó el ingreso pleno en noviembre de 2003 y tras algunos anuncios extraoficiales se realizó una invitación formal a la gran burguesía criolla en marzo de este año, condicionando el ingreso a la aprobación de varias reformas legislativas necesarias para cumplir con los estándares OCDE. Simultáneamente esta invitación se ha hecho extensiva al imperialismo Ruso, al gendarme yanqui Israel, y a dos semicolonias de Europa del Este: Eslovenia y Estonia. Una vez concretado el ingreso de Chile, será el primer país sudamericano y el segundo en Latinoamérica, después de México, en ser parte de esta comunidad.
Todos los incondicionales del entreguismo en Chile han aplaudido esta invitación, soñando con los posibles beneficios de “codearse con los países desarrollados”. Participar de la OCDE pareciera entregarle a los explotadores chilenos un estatus especial para enfrentar el mercado internacional.
Según su costumbre, el gobierno ha presentado esta noticia como un beneficio para toda la nación, recalcando los aspectos “honoríficos” que la invitación implica. El ex Ministro de Asuntos Exteriores, Alejandro Foxley (DC) dijo que “Chile ha sido invitado a jugar en la Primera División”; El Ministro de Hacienda Andrés Velasco dijo que con la invitación de la OCDE “Chile entra en el cuadro de honor. Como en la Copa Davis, estamos acá en el grupo mundial, donde están los mejores equipos”.
Con algo más de honestidad, en un desayuno de Icare que reunió a los principales representantes patronales del país, la senadora Evelyn Matthei (UDI) -representante de la facción burocrática- se refirió a los beneficios para sus intereses de clase: “Al estar en la OCDE uno se junta con la mejor gente, con las personas que tienen los puestos clave y eso es un privilegio”, ya que a su juicio para desarrollar sus negocios “saber con quién hay que contactarse para ciertos temas, es fundamental”.
Diversos economistas burgueses concuerdan que formar parte de un organismo que agrupa a países en su mayoría desarrollados (imperialistas) otorga a sus miembros un estatus especial en la comunidad internacional, especialmente en el ámbito comercial y financiero. Klauss Schmidt-Hebbel, economista chileno ex jefe de la OCDE, explicó también que el país se beneficiará del acceso a los “expertos mundiales en políticas públicas de todo orden”, esperándose con esto agilizar la implementación de los planes imperialistas que se vienen desarrollando en educación, salud, vivienda y empleo.
Las condiciones
Por supuesto, Chile no ingresará a la OCDE en su condición de “gran potencia”, sino como lo que es: una semicolonia de la potencia hegemónica, Estados Unidos, que últimamente ha venido sometiéndose también a grandes capitales europeos y asiáticos. Los intereses imperialistas representados en la OCDE buscarán garantías adicionales para sus capitales a cambio del “honor” de hacer participar a Chile en su organización, lo cual significa condiciones.
Como reconociera la Subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart (PPD) “Sólo podremos ser miembros de la OCDE si damos el ancho”, lo que significa que Chile debe demostrar que está dispuesto a aceptar y comprometerse a asumir las obligaciones y recomendaciones contenidas en los instrumentos OCDE, así como los estándares, directrices, benchmarks (estándares de desempeño) y principios rectores establecidos por la organización. ¿Qué es esto sino mayor sometimiento al imperialismo?
Schmidt-Hebbel aclaró en Icare que para completar el ingreso a la OCDE deben concluirse los exámenes de los instrumentos chilenos en inversión y comercio; completar los exámenes de las políticas económicas (desde políticas macroeconómicas hasta agricultura) y por último adoptar legislación en cuatro áreas en las que Chile presenta una brecha o un vacío particularmente notorio respecto de los estándares requeridos por el imperialismo: gobiernos corporativos, la responsabilidad de las empresas en delitos económicos, los convenios sobre información tributaria y la institucionalidad ambiental.
Sobre los gobiernos corporativos ya se tramitan en el Senado los proyectos de ley respectivos, que se centran fundamentalmente en Codelco y la pugna respecto si su control debe seguir en manos de la burguesía burocrática o debe pasar a manos de la burguesía compradora. El interés de los sectores compradores (los grandes grupos económicos, Matte, Luksic, Angelini, Piñera, Paulmann), principalmente vinculados al imperialismo yanqui, no es únicamente la administración de los recursos públicos, sino también evitar algún posible fortalecimiento de la burguesía burocrática (los Saldívar, Frei, etc.) que desde las empresas estatales pudieran desarrollar monopolios al estilo de Chavez y Morales, y de esta manera evitar la intromisión de los imperialismos ruso y chino que vienen utilizando este camino de penetración.
Sobre la responsabilidad penal de las empresas, la Cámara de Diputados tramita una nueva ley que busca aumentar la protección a los intereses de grandes burgueses e imperialistas, castigando más severamente el lavado de dinero, el financiamiento de actividades subversivas y el cohecho de funcionarios públicos.
En lo ambiental, la nueva legislación instaurada este año contribuirá a hacer evolucionar la semifeudalidad en el sentido que el imperialismo exige. Según un informe OCDE de julio, el objetivo es intensificar la explotación de los recursos naturales: “Hasta la fecha -señala el informe- las regiones chilenas no han podido utilizar plenamente sus recursos y por consiguiente, no han alcanzado su potencial de crecimiento, lo que limita la capacidad de crecimiento del país” y la penetración del capital imperialista, podríamos agregar. Esto es también advertido por Federico Silva, presidente de Sonapesca, quien teme que la concentración de la producción en manos imperialistas termine por arrojar a los actuales dueños de estos negocios. “El riesgo es que el Ejecutivo, en su afán por sumar a Chile a este organismo internacional, esté dispuesto a sacrificar a uno o más sectores productivos”, advierte. Silva cita como una experiencia previa el conflicto vivido con la Unión Europea (UE), cuando se negoció en 2002 el TLC. “El interés de la UE por obtener acceso a las materias primas del Pacífico, recursos marinos como las merluzas, fue puesto como condición para firmar. Esperamos que el ingreso a la OCDE no vuelva a ponernos en una instancia parecida”, afirma ilusamente, pues esta concentración y centralización efectivamente ocurrirá, amparada por los sectores monopolistas chilenos.
La información tributaria y el consecuente levantamiento del secreto bancario ha sido el único aspecto que ha traído cierto enfrentamiento entre las distintas facciones de la gran burguesía nacional, retrasándose la aprobación de las leyes respectivas. El propio Secretario Ejecutivo de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, debió insistir públicamente en julio pasado en que el levantamiento del secreto bancario es condición para el ingreso de Chile en la organización. Ante esto el senador Juan Antonio Coloma (UDI) alzó la voz por los banqueros nacionales señalando que no es partidario de “andar corriendo, porque un organismo internacional alza un poquito la voz”. En un arrebato de nacionalismo, Coloma llegó a denunciar que las potencias en OCDE son los menos indicados para exigir esto, pues ninguno de ellos ha levantado el secreto bancario en sus respectivos países. Podríamos esperar, sin embargo, que tras algunas componendas los dueños del capital financiero chileno finalmente también cederán en esto.
Resumiendo, las exigencias OCDE están prácticamente cumplidas, significando una mayor facilidad para iniciar y terminar negocios, un aparato estatal más eficiente y una estructura tributaria más “amigable” con la inversión extranjera, lo cual complementado con una mayor flexibilidad laboral y algunas reformas educativas que mejoren la productividad de la mano de obra, significará plenas facilidades para la penetración del capital imperialista, la superexplotación de los recursos naturales y la precarización del trabajo en nuestro país.
 Profundización del capitalismo burocrático
Velasco en diversos medios de prensa ha atribuido la invitación del organismo mundial a que se reconocen las “buenas políticas de Chile”. En efecto, los informes OCDE señalan que las políticas económicas y sociales de Chile han venido marcando pauta en la región, principalmente en cuanto a la administración de los recursos del Estado y la apertura a la penetración de los capitales extranjeros. Pero según Velasco la “democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos” que se daría en Chile son también condiciones para ingresar a la OCDE, esto porque garantizarían la estabilidad política y económica del país. ¿Cuáles serán entonces las políticas OCDE frente al ascenso del movimiento de recuperación de tierras del pueblo mapuche? ¿Y frente al ascenso paulatino de la lucha de masas en las ciudades? El nuevo plan armamentista que viene desarrollando en Estado, los acuerdos de cooperación militar, el perfeccionamiento de las policías y del poder judicial pueden ser una respuesta a estas preguntas, pero esto aún no se reconoce abiertamente.
La propaganda oficial, como tantas otras veces, se centra en ilusiones de desarrollo imposibles de cumplir bajo la opresión del imperialismo y sus lacayos nacionales. Con las expectativas de participar en la OCDE los voceros del gobierno pro-imperialista han levantado nuevamente el mito chovinista que Chile está próximo a ser un “país desarrollado”. Foxley, por ejemplo, dijo tras conocer la invitación: “estamos cerca de llegar a un umbral y en 15 años podemos ser como España”. Si se refiere a alcanzar las tasas de cesantía que superan el 20%, es muy probable que con del desarrollo del capitalismo burocrático en Chile esto efectivamente se consiga, pero si se refiere a que la sola participación en la OCDE es un impulso al desarrollo del capitalismo industrial, su afirmación no tiene asidero alguno.
Hace exactamente 15 años México ingresó a la OCDE, y no obstante contar con un inmenso territorio y un producto interno bruto 5 veces más grande que el chileno, no está aún cerca de ser un “país desarrollado”. Tras su inclusión en OCDE el país sufrió un fuerte impacto en la apreciación de su moneda por el ingreso acelerado de inversión extranjera y fue duramente afectado por varias crisis económicas, lo que agudizó revueltas políticas como la rebelión campesina en Chiapas de 1994, las revueltas de Oaxaca y los asesinatos políticos en la cúpula del Estado.
México no es hoy menos semicolonia que hace 15 años, sino al contrario. Ha crecido enormemente la introducción de capitales imperialistas, el traspaso a particulares de las empresas del Estado y la precarización del empleo que mantiene en la pobreza a la inmensa mayoría del país, atizando la lucha de masas en el campo y la ciudad. La represión del movimiento popular también se ha agudizado con el plan imperialista de estrategias contrainsurgentes camufladas como “lucha contra el narcotráfico”. La situación económica actual no es alentadora y las propias perspectivas económicas de la OCDE lo sitúan entre los países más golpeados por la actual recesión, pronosticando una caída en su crecimiento de 8% para este año. Estos son los resultados de la profundización del capitalismo burocrático en el país.
¿Quienes se benefician?
Klaus Schmidt-Hebbel señaló que los beneficios generales de la membresía son entre otros, “mayor credibilidad de estabilidad jurídica, instituciones y políticas públicas; menor prima de riesgo soberano y menor costo del endeudamiento externo; mayores flujos de entrada de capitales (como inversión directa, créditos e inversión de cartera); participación activa en 44 comités principales de la OCDE que negocian y acuerdan convenciones, declaraciones, acuerdos y recomendaciones”. Cada uno de estos aspectos beneficia principalmente a los capitales extranjeros que ingresan a nuestro país, particularmente a los capitales de las grandes potencias imperialistas.
Pero las facilidades para la penetración del capital extranjero se habían venido obteniendo en Chile desde hace décadas sin gran esfuerzo, sin necesidad de incluir a nuestro país como miembro OCDE. Por otra parte, además de materias primas no es mucho lo que podría obtener el imperialismo en un pequeño país con un mercado de 17 millones de personas, la mayoría con escaso poder adquisitivo. Entonces ¿Qué ganan las naciones imperialistas al incluir a Chile como miembro pleno? El propio Miguel Ángel Gurriá expuso la respuesta: “Creemos que Chile puede ser un faro que ayude a poder diseminar y generalizar esas buenas políticas en toda la región, porque hay muchas cosas que se pueden aprender de la experiencia de Chile para que, a través de la OCDE, se puedan expandir a otras naciones en desarrollo en el mundo entero”. En otras palabras, se busca hacer de Chile un ejemplo de semicolonia, un país que sirva de modelo para el resto de las naciones oprimidas y una plataforma para profundizar el capitalismo burocrático en toda Latinoamérica.
De los costos para el país prácticamente no se habla. Marcelo García, jefe del Departamento OCDE en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), sin especificar los montos, los divide en tres áreas: “los costos diplomáticos de mantener una misión, los costos de los viajes de los expertos y autoridades a las actividades de los diversos comités del organismo, y la cuota por participar como en otros organismos multinacionales”. Todos estos costos que permiten sostener los negocios del imperialismo, la gran burguesía y los terratenientes provienen directamente de recursos públicos, es decir, de impuestos para todo el pueblo.
¿Pero quienes se benefician con Chile en la OCDE? Principalmente el propio capital imperialista, que encontrará aún mayores garantías para extraer riqueza de nuestro país, en segundo lugar la burguesía compradora y los sectores terratenientes, que desarrollan sus negocios dependiendo del capital imperialista y sirviendo a éste tanto en las finanzas como en la extracción de materias primas y el comercio; y por último la burguesía burocrática, que desarrolla sus negocios al alero del Estado en empresas públicas y concesiones de obras públicas, educación, etcétera, financiados con préstamos de instituciones internacionales. La inmensa mayoría del pueblo no encontrará en la OCDE mayor beneficio, lo mismo que de los 21 tratados de libre comercio que el Estado chileno mantiene vigentes con 57 países. Por el contrario, al facilitar la penetración del capital imperialista que expolia los recursos naturales del país, profundiza la precarización del empleo y oprime a las pequeñas y medianas industrias locales, sólo puede esperarse una nueva arremetida generalizada contra los derechos laborales y otras conquistas del proletariado y el pueblo.
Se preparan nuevos golpes contra el pueblo
Son US$ 122.000 millones aproximadamente que se invierten sólo en países OCDE. Son capitales de grandes monopolios, principalmente imperialistas, que buscan bajo riesgo y alta estabilidad jurídica para instalarse. En nuestro país se espera que estos capitales fortalezcan inversiones principalmente en la extracción de recursos naturales y la infraestructura de puertos y caminos necesaria para sacar los productos del país. El desarrollo de una industria nacional no es un área de interés para el imperialismo.
La gran burguesía chilena desea tener acceso a esos recursos, sea en forma de inversión extranjera directa, fondos soberanos, créditos u otros, pero el ingreso al club por sí sólo no garantiza que éstos se obtengan. Esto porque Chile no es la única semicolonia dentro de la OCDE; México, Polonia, Hungría y la República Checa también están en esa categoría, las respectivas burguesías pro-imperialistas de estos países se disputan también estos capitales y en términos comparativos en Chile el espacio para la inversión extranjera es menor que en otros países debido al nivel de salarios.
El imperialismo no requiere únicamente materias primas, sino principalmente mano de obra barata y medianamente calificada para obtener tasas de plusvalía y acumulación atractivas. Pero a pesar de la creciente precarización del empleo en Chile y del reconocimiento de muchas instituciones que el sueldo mínimo es insuficiente para la subsistencia de una familia, para los intereses de los capitales imperialistas los costos de mano de obra en nuestro país aún son altos.
De acuerdo a un estudio de la consultora Deloitte, cuando se trata de mano de obra barata, después de China es Europa del Este donde se dirigen las inversiones, principalmente por la calificación de la mano de obra en esos países. Tal como sostenía Evelyn Mattey en Icare, Chile no puede competir por salarios bajos: “un ejecutivo bilingüe en la India comienza ganando 250 dólares al mes ($137.500), mientras en Chile un trabajador no calificado gana 165 mil pesos”. La Senadora UDI recalca que el problema de nuestro país es la competitividad, que de acuerdo al plan de los reaccionarios se resuelve flexibilizando el empleo y mejorando la instrucción en los planteles educativos.
Puede esperarse por tanto una nueva arremetida contra las conquistas de la clase obrera como el sueldo mínimo, la negociación colectiva y el derecho a licencias médicas, Y con esto un nuevo ascenso en las luchas del pueblo, las que inevitablemente tomarán cada vez más un marcado carácter antiimperialista.
Klauss Schmidt-Hebbel, Evelyn Mattei y María Olivia Recart junto a Patricio Parodi, Presidente de Icare, exponen a
los gremios patronales las ventajas de ingresar a la OCDE.
Recuadro -----------------------------------------------------
La OCDE, desde 1961 está integrada por: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
Luego se incorporaron Japón (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), República Checa (1995), Corea del Sur(1996), Hungría (1996), Polonia (1996), Eslovaquia (2000).
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