| LGE: a la medida de los monopolios de la educación
Ya no cabe duda que el nuevo proyecto de Ley General de Educación (LGE) acordado por las facciones de la gran burguesía tiene como misión el seguir profundizando las políticas de la vieja LOCE pinochetista, que se manifiesta en el traspaso creciente de liceos y colegios a manos de corporaciones monopolistas y en políticas anti-populares que atentan contra los estudiantes del pueblo y los trabajadores de la educación. En este negro panorama los profesores sacan la peor parte: varias asignaturas fueron eliminadas, quedando muchos sin trabajo; no fueron consultados sobre la implementación de la “Reforma Educacional”, la Jornada Escolar Completa (JEC) ni sobre los nuevos “Planes y programas”. Como era de esperar tampoco tuvieron la posibilidad de decidir sobre el nuevo proyecto de ley (LGE). Aún así, el gobierno y la prensa burguesa no vacilan en culpar a los profesores de todo cuanto ocurre en la educación chilena.
Esta política de utilizar a los profesores como chivo expiatorio viene a cumplir con los objetivos de dividir la lucha de los profesores del resto de la sociedad y principalmente de los estudiantes y flexibilizar la situación laboral de los docentes.
En este plan es que los sectores de la gran burguesía insisten constantemente en flexibilizar el trabajo docente. Los partidos de gobierno y “oposición” (co-gobierno) coinciden en eliminar el “Estatuto docente”, que aún mantiene algunas conquistas que los profesores han sido capaces de arrancarle al Estado mediante la lucha.
Los sectores de la Alianza, en el congreso, han llegado incluso a plantear que cualquiera que haya cumplido con 8 semestres de educación superior puede desempeñarse como profesor. Con lo que se dice implícitamente que “cualquiera puede ser profesor” y que “de poco importa la calidad de la educación que reciban los estudiantes”. De esta iniciativa se ha hecho parte la ministra Jiménez declarando que: “el gobierno es partidario de que existan movimientos de jóvenes voluntarios que quieren cooperar y apoyar especialmente a la población más vulnerable”.
El argumento mayormente expuesto es que faltan profesores, lo que es absolutamente falso, sólo basta ver la enorme cantidad de docentes que postula a los “concursos” municipales y en colegios particulares, para ocupar un solo puesto de trabajo. Lo que realmente se busca es aumentar la tasa de cesantía entre los docentes, para de esta manera, someterlos a condiciones aún más opresivas.
Frente a la ofensiva burguesa en contra de los estudiantes y trabajadores de la educación no cabe otra salida que la movilización y la lucha. Pero aquí enfrentamos otro problema: la necesidad de romper con las formas pequeñoburguesas de organización y de desbordar la lógica de meros acuerdos y conversaciones entre los ministerios y al dirigencia del Colegio de Profesores.
Para ello los docentes deben ligarse (y no reprimir ni delatar) a los estudiantes movilizados; las luchas por mejores condiciones laborales deben considerarse como parte de las luchas del pueblo; se debe comprender que mientras exista este viejo Estado ni los estudiantes ni los profesores podrán desplegar todo su potencial y que, por lo tanto, se hace cada vez más necesario unir todas las luchas en un solo torrente que barra para siempre con el Estado burgués terrateniente mediante la guerra popular.
La labor educativa no puede ser una simple repetición de los planes y programas elaborados desde las oficinas ministeriales. Llamamos a los profesores a romper la pasividad y a cumplir con la labor de luchar por una educación de calidad para el pueblo, dentro y fuera de los establecimientos educacionales: denunciando en las reuniones gremiales y en las salas de clases los planes del gobierno, sacando panfletos, imprimiendo boletines, pintando consignas en las calles y formando comités clandestinos donde las condiciones de trabajo son fuertemente represivas y donde los sindicatos y los dirigentes del Colegio de Profesores han sido cooptados por el oportunismo y la reacción, transformándose en un estorbo para la lucha.
La educación es el reflejo de la economía y la política de cada país. En este sentido deben entenderse también los planes anti-populares contra los estudiantes y los profesores que ha venido profundizando el gobierno de Bachelet. Dichos planes forman parte de la política de la gran burguesía de extraer una plusvalía creciente a costa del pueblo de Chile. La respuesta no puede ser otra, entonces, que enrumbar la lucha por una mejor educación y mejores condiciones laborales hacia la lucha contra el imperialismo y la gran burguesía.
¡Una educación de calidad al servicio del pueblo nunca podrá obtenerse en este podrido estado!
¡Luchar con perspectivas de iniciar la guerra popular!
¡El profe luchando también está educando!
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EL NEGOCIO DE SER MINISTRA
Los llantos y la desesperación de la señora Jiménez por aprobar lo más pronto posible la LGE se explican por los intereses directos que ella tiene por el negocio de la educación.
La sra. Jiménez (militante PPD y representante de la burguesía burocrática) no sólo está encargada de administrar las finanzas de los “mercenarios” de la educación, sino que además –al igual que Camilo Escalona y Mariana Aylwin– participa del negocio de la educación, utilizando al Estado como palanca económica.
Los establecimientos de propiedad de la ministra Jiménez son los siguientes:
- Liceo Polivalente de La Pintana.
- Liceo Técnico Dr. Esteban Kemeny Harmos de Pedro Aguirre Cerda.
- Centro Educacional Sagrado Corazón de Lo Espejo.
Sus socios son:
- Sergio Molina Silva, Vice-presidente Banco del Desarrollo.
- Jorge Cisternas Larenas, Presidente Constructora Bío Bío.
- Mario Pavón Robinson, Gerente General SONDA.
Cabe mencionar que los establecimientos educacionales en manos de estos señores, agrupados en la Corporación Aprender, son de los que año tras año obtienen los peores resultados tanto en el SIMCE como en la PSU.
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