| Colusión en el monopolio de las farmacias
La concentración de la propiedad atenta
contra los intereses del pueblo
 El 28 de marzo de 2008 la Subsecretaria de Salud Jeanette Vega (PPD), presentándose ante la prensa como portavoz de los intereses populares, denunció un acuerdo entre las principales cadenas de farmacias para subir concertadamente el precio de los medicamentos de mayor consumo.
De manera cautelosa, sin señalar los nombres de las farmacias y a través de una funcionaria de menor rango, el gobierno levantaba como propia una denuncia popular que permitiría a la vuelta de un año limpiar su imagen de la seguidilla de escándalos que venía acumulando. Hoy la denuncia de colusión entre las grandes farmacias, junto con despertar la indignación del conjunto de las masas populares, ha terminado mostrándose como una cuña que vuelve a abrir la brecha entre las distintas facciones de la gran burguesía chilena.
Colusión en la definición de precios
La denuncia por contra las grandes cadenas de farmacias es antigua. En 1995, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya había acusado a las principales cadenas farmacias de colusión. En ese año la Comisión Resolutiva -antecesora del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)- multó a Fasa, Brand y Salco (antes de su fusión) con $41 millones cada una, mientras que Cruz Verde obtuvo una multa rebajada de $20,7 millones, luego que sus ejecutivos entregaron detalles sobre las maniobras de sus competidores para intentar sacarla del mercado (La Tercera).
Estas reducidas multas, claro está, no impidieron que se profundizara la concentración del mercado de farmacias y los acuerdos entre ellas. Diez años después en 2006, el monopolio mexicano de farmacias del Dr. Simi volvía a denunciar el acuerdo de precios entre las tres cadenas chilenas. La amenaza de la farmacéutica mexicana era sin duda una preocupación para los monopolios nacionales, las cifras de la época indicaban que en 2005 las farmacias del Dr Simi facturaron 880 millones de dólares en sus locales de México, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Perú y El Salvador. Frente a esto, las tres cadenas respondieron concertadamente con una publicitada “guerra de precios” a fin de restar mercado al también publicitado Dr. Simi, que prometía precios hasta un 75% más baratos que las cadenas chilenas.
Esta “guerra de precios” del 2007 funcionó en beneficio de las tres cadenas chilenas. D&S, que había abierto tiendas FarmaLider terminó vendiéndolas FASA y el Dr. Simi se quedó con sólo un pequeño porcentaje del mercado. El mercado de farmacias se constituyó con tres grandes cadenas monopolistas, FASA, SalcoBrand y Cruz Verde, que concentran el 94% de las ventas a nivel nacional.
Cumplido el objetivo de arruinar a la competencia, hacia fines del 2007 los monopolios triunfantes pasaron a recuperar las pérdidas de la campaña de precios bajos, retomando sus prácticas de aumentar coordinadamente los precios. El 30 de mayo pasado la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) del Ministerio de Salud publicó un listado de precios, en la cual se encontraron diferencias de hasta 10 veces entre los precios que la Cenabast vende a los hopitales y consultorios respecto de los precios en las cadenas de farmacias. Los antecedentes fueron entregados por Jeannette Vega y su siempre oportunista correligionario Guido Girardi, quienes los presentaron a la FNE que ya investigaba a las farmacias y a nueve laboratorios nacionales y extranjeros. Después de siete meses, en diciembre 2008, la FNE declaró haber detectado alzas concertadas en 222 medicamentos, entre los que se encontraban anticonceptivos y medicamentos para tratar enfermedades crónicas, como la epilepsia y la diabetes. Frente a estos antecedentes, se interpuso una demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia por alza concertada de precios entre diciembre de 2007 y abril de 2008. También se solicitó una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -equivalentes a $8.812.560.000, unos US$15,38 millones- para cada empresa, y dejaba abierta la posibilidad a futuras demandas.
El 13 de marzo pasado FASA admitió los cargos ante la FNE, destapando el escándalo y despertando la indignación de amplios sectores de las masas. De forma extrajudicial FASA estableció un acuerdo de conciliación en el cual se compromete a pagar al fisco 1 millón de dólares para obras sociales, menos de la décima parte de la multa solicitada. Los otros dos monopolios involucrados, por su parte, rechazan las acusaciones y refutan la declaración de FASA.
Concentración de la propiedad y monopolio
Las ganancias extraordinarias que las tres cadenas de farmacias obtuvieron por el alza concertada de precios habrían alcanzado a unos $27.000.000.000, según estimaciones de la FNE. Cifra que abarca únicamente el período investigado, desde diciembre de 2007 hasta abril de 2008, sin considerar que los precios de los medicamentos en cuestión no han bajado hasta el día de hoy.
Las prácticas monopólicas de estas compañías y las enormes utilidades que consiguen con ella han levantado nuevamente la discusión en torno a la concentración de la propiedad en la economía. Actualmente en Chile encontramos que prácticamente todas las principales actividades económicas se encuentran dominadas por dos, tres o cuatro grandes compañías de propiedad de una quincena de grupos económicos que acaparan el 80 por ciento del PIB. El negocio de las farmacias es sólo un ejemplo de esta concentración.
Farmacias Ahumada S.A. es presidida por su controlador, José Codner. Los demás directores son Juan Cuneo y Juan Benavides, en representación de Falabella, y Ernesto Labatut y Pablo Lamarca en defensa de los intereses de las AFP. La mesa la completan Eduardo Bellinghausen, Gabriel Berczely, Alexander Fernández y Jaime Sinay. El consejo de Salcobrand es controlado por Juan Enrique y Juan Carlos Yarur, lo completan Cristián Steffens, Lionel Olavarría, Carlos Spoerer, Julio Cardenal y Rafael Valdivieso. Los Yarur, también ligados al banco BCI, compraron la cadena en abril del año 2007 a las familias Colodro, Selman, Jaque y Weinstein. Cruz Verde está presidida por Guillermo y Juan Harding en representación de la familia que controla la compañía. El resto de la mesa la componen Jorge Brenner, Vittorio Corbo y Felipe Muñoz (El Mercurio)
Un puñado de grandes familias, aprovechando sus estrechos vínculos con otras compañías y con las distintas instituciones del Estado, tienen el poder de controlar los precios y obtener gigantescas ganancias. Por más que el gobierno vocifere en torno a la defensa de la “libre competencia”, lo cierto es que lo que predomina en el mercado mundial es su opuesto, la concentración y el monopolio. Puede encontrarse aún algo de libre comercio sólo si se observa la economía a nivel global, pero aún allí predomina el monopolio de grandes compañías imperialistas que, tal como explicaba Lenin, se reparten el mercado según el capital, según la fuerza. Esta es la tendencia inevitable del capitalismo, llevada a su extremo en su fase superior y última, el imperialismo.
Así pues estas prácticas de colusión no son propias del negocio de estas tres farmacias, y de desarrollar más investigaciones en el mercado chileno sería fácil dar con más casos en el mercado de las telecomunicaciones, el agua potable, la electricidad, los combustibles, etc.
Si hoy el gobierno defiende la “libre competencia” y levanta propuestas para ampliar las atribuciones de la FNE y el TDLC, es principalmente a causa de un problema político y no económico: las masas populares vienen luchando, la crisis económica viene agudizando estas luchas y a las clases explotadoras, en permanente colusión y pugna, les cuesta cada vez más seguir gobernando de la misma manera que lo venían haciendo hasta ahora.
Las implicancias del escándalo en un año electoral
El escándalo de las farmacias ha vuelto a atizar las diferencias entre las facciones burocrática y compradora de la gran burguesía chilena. Sin llegar aún al grado de polarización que estas facciones alcanzaron a principios de 1970, la presión de las masas les dificulta ponerse de acuerdo en qué políticas definir, les dificulta ponerse de acuerdo para gobernar.
En medio de un año electoral la facción burocrática, actualmente en el gobierno, ha sabido utilizar el escándalo de las farmacias y la indignación popular que éste provocó para desprestigiar al candidato opositor, Sebastián Piñera. Para ello ha sacado a la luz las acciones de Piñera en FASA y su estrecho vínculo con el ex gerente de la compañía, Sergio Purcell, quien fuera su alumno y ocupara cargos gerenciales en varias de sus compañías, tales como Bancard, Puma, Lan Chile y Lan Perú (La Nación).
Sebastián Piñera debió deshacerse apresuradamente de sus acciones en FASA y otros dirigentes de la UDI como Evelyn Matthei y Juan Lobos, que habían desestimado públicamente las denuncias de la Subsecretaria de Salud en 2008, debieron cambiar sus discursos públicos. Matthei tomo una posición más cautelosa declarando que no le consta que haya habido colusión entre las farmacias, mientras Lobos se transformó en uno de los más frontales críticos a las farmacias, llegando a cuestionar al gobierno por llegar a un acuerdo con FASA en lugar de sancionar a la compañía más severamente.
El Secretario General de la UDI, Víctor Pérez, llegó aún más lejos y emplazó a la Concertación a que “asuma su responsabilidad en la concentración de diferentes mercados”. Pérez denunció a fines de marzo pasado que “es a partir de los gobiernos de la Concertación y su política económica la que lleva lentamente a la concentración y que origina los problemas que hoy estamos viendo, como la colusión en los precios de las farmacias”. Este discurso apunta directamente a ganar la simpatía de la pequeña y mediana empresa, ocultando la tendencia a la concentración y el entreguismo al capital imperialista que contiene el proyecto político de la Alianza por Chile, que en nada se distingue al respecto del proyecto de la Concertación.
En medio de este escándalo se ha abierto también el espacio para que se levanten distintas “soluciones” al problema de la colusión, principalmente promovidos por los partidos de la Concertación.
Entre los sectores más ligados al capital comprador se ha promovido la ampliación del mercado de los medicamentos permitiendo que algunos se vendan en supermercados, buscando beneficiar con esto a otros tres grandes monopolistas: Cencosud de propiedad de Paullmann), SMU de Saieh y Rendic y Wal-Mart de capitales imperialistas. El sector burocrático, por su parte, apuesta por abrir al público las farmacias estatales en hospitales y consultorios. Raúl Alvarez, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias Independientes rechaza estas dos alternativas, pues ninguna resulta en beneficios para los pequeños vendedores.
Otro sector del gobierno apuesta por impulsar un proyecto de ley que aumenta las atribuciones fiscalizadoras de la FNE, introduciendo el mecanismo de delación compensada, autorizando la intervención de las comunicaciones y los allanamientos. Pero al mismo tiempo que demagógicamente condenan la colusión de los monopolios de las farmacias abren las puertas de la economía chilena al capital monopolista extranjero. Andrés Velasco anunció esto públicamente, caracterizando a chile como un “refugio a la inversión” en el presente escenario de crisis.
Como vemos, frente a la crisis económica y la presión de las masas las clases explotadores no pueden ponerse de acuerdo en torno a qué acciones tomar. Las distintas facciones de la gran burguesía disputan la administración del Estado más agudamente que en las anteriores elecciones. También hay presiones para una nueva reestructuración del estado, pues ya no está dando abasto para contener la lucha de masas ante la amenaza de inestabilidad política y un estallido social.
Por nuestra parte, sin embargo, no podemos esperar beneficios de la pugna entre las distintas facciones de la gran burguesía. Cualquiera sea la medida que finalmente se adopte no significará reparar el robo que el gran capital nacional e imperialista realiza constantemente al pueblo. Las masas populares no podemos esperar justicia de ninguna de las instituciones del Estado burgués-terrateniente sino al contrario, únicamente la destrucción de este Estado y la expulsión del imperialismo y la gran burguesía traerá justicia para nuestro pueblo. La justicia popular puede tardar, pero finalmente llegará.
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